La Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano han enviado una carta al Rey Juan Carlos instándole a que ‘conmine’ a la Generalidad y al Gobierno para que cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en lo referido a bilingüismo en las administraciones públicas de Cataluña, y denunciando ‘la situación discriminatoria respecto a los castellanohablantes’ que viven en esta comunidad.
En la misiva, fechada en el día de ayer, se indica que ‘apelando al papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que proclama el artículo 56 de la Constitución española, nos permitimos solicitar a S.M. que conmine a los representantes del Gobierno [autonómico] de Cataluña y del Gobierno de la Nación para que cumplan y acaten el contenido de la Constitución, de las leyes en general y de las sentencias de los más altos Tribunales españoles en aras de la estabilidad del sistema constitucional español’.
‘Sistemática discriminación’
Las dos entidades le trasladan su ‘preocupación por el hecho de que los Gobiernos autonómicos y municipales vienen practicando una sistemática discriminación hacia quienes se identifican con el idioma español obviando que, según datos de 2008 del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) el 57,90% de los ciudadanos de Cataluña tienen como lengua familiar el castellano o español’.
Y concretan los principales ámbitos en los que se producen las discriminaciones de los castellanohablantes:
El empleo del idioma catalán con carácter exclusivo por parte de las administraciones autonómica y local en sus actuaciones públicas, rotulación oficial, medios de comunicación públicos, etc.
La aplicación del modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán en los centros docentes que conlleva la eliminación del castellano como lengua vehicular de enseñanza.
La implantación de un modelo coactivo de las relaciones de consumo y comercio en general que, amparándose falsamente en los derechos de los consumidores impone un régimen sancionador que obliga a las empresas y comercios a rotular o anunciarse en catalán, imponiendo fuertes sanciones a quienes rotulen solo en español, pero no así a quienes rotulan solo en catalán.
La consolidación de una política de subvenciones dirigida casi exclusivamente al fomento de la lengua catalana, marginando la utilización del idioma español.
Las dos entidades cívicas consideran que ‘esta situación se ha agravado en los últimos tiempos. Los máximos representantes del gobierno [autonómico] catalán han hecho ostentación pública de desacato por omisión y por acción, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que mandaban a la Generalidad de Cataluña a introducir el castellano como lengua vehicular en todos los niveles educativos, en proporción equitativa con el catalán. Esta actitud está contribuyendo a crear un clima de inseguridad jurídica e insurrección de alcance aún desconocido. A título de ejemplo, se pone de manifiesto que expresamente ciertas autoridades catalanas han mostrado su voluntad de ignorar las sentencias del Tribunal Supremo que han declarado que la “…exclusión de hecho del castellano, como lengua vehicular, pervierte el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral -establecido por el TC, en 12/1994- de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución”‘.
Por último, solicitan una audiencia con el Rey:
Representaría un alto honor que S.M. tuviera a bien recibir a una representación de las Juntas Directivas de nuestras asociaciones con el fin de exponerle personalmente la honda preocupación que sentimos ante la actual situación política en Cataluña y la reiterada vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en nuestra Comunidad autónoma.
La Voz de Barcelona
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